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Fecha de publicación (dd/mm/aaaa): 01/12/2022

Nota de Prensa del Balneario de la Alameda.

La “presunción de veracidad” de Sanidad nos va a llevar a prolongar el cierre del establecimiento más de lo previsto, hasta que, al menos, se celebre el juicio y se dicte sentencia.

Es una decisión muy injusta para los usuarios del Balneario, que necesitan sus tratamientos termales, para sus trabajadores que se quedan en la calle y para el concesionario que lo pierde todo.

Ante la situación de desinformación y confusión provocada por Sanidad del Ayuntamiento, quisiéramos dejar claras algunas cosas:

• Las aguas mineromedicinales lo son porque el Estado, el Ministerio de Sanidad, las considera útiles en el tratamiento terapéutico de distintas dolencias, y siendo microbiológicamente puras son declaradas de utilidad pública.
• Los concesionarios de los manantiales tienen la obligación de velar por ambas cosas: la pureza y la calidad de las aguas.
• La nueva legislación de legionela aprobada este año subraya esta obligación al afirmar que solo pueden utilizarse desinfectantes en las aguas mineromedicinales cuando otro tipo de medidas se hayan mostrado insuficientes y de forma que se minimice su impacto en las características de las aguas.
• Sanidad del Ayuntamiento afirma, sin embargo, lo contrario: las instalaciones deben clorarse constantemente sea o no necesario.
• Sanidad del Ayuntamiento parte de un error: considera que las aguas mineromedicinales son un agua de pozo sin control sanitario alguno. Es decir, desconoce su declaración de utilidad pública y está claro que ni la entiende.

La prolongación del cierre no se justifica en modo alguno: la legionela, habitante natural en todas las aguas, también en el agua sanitaria de Valencia, está bajo control con las medidas que toma regularmente el concesionario y de una forma además que no anula la efectividad de los tratamientos termales; es decir, el Balneario hace lo que prescribe la ley.

Las supuestas “deficiencias” que señala Sanidad del Ayuntamiento deben en todo caso ser asumidas por el cedente del contrato, es decir, el Ayuntamiento mismo. Aunque algunas de las soluciones que Sanidad apunta son un auténtico disparate y desconocen el impacto que nuestras maravillosas aguas tienen por otra parte en las instalaciones.

Esperamos que la autoridad judicial pueda arrojar luz sobre este asunto y no guiarse meramente por “la presunción de veracidad” de Sanidad del Ayuntamiento porque la actuación de la inspección es totalmente arbitraria e ilegal como se ha explicado más arriba.